Es un hecho que la situación de la seguridad pública en El Salvador fue heredado como un problema estructural con raíces muy profundas. En el año 2006-2007 se llegó a 14 homicidios por día y lo curioso de todo esto es que los actores principales de la vida nacional tenían un discurso pasivo al respecto; incluso en cierta ocasión el Presidente de la Cámara de Comercio llegó a decir que la inseguridad era un problema mundial y que hasta en New York existía tal problemática.
Ahora que ha entrado otro gobierno, estos sectores que estaban callados, ponen el grito en el cielo y se han dado a la tarea de realizar encuestas entre sus agremiados para respaldar sus críticas. Solo quisiera que los señores dirigentes de estas gremiales presenten las encuestas que hicieron a sus socios en los años 2006-2007 y 2008. Claro que no existen encuestas al respecto y si las hicieron, no las publicaron en los medios masivos de comunicación, como lo están haciendo ahora.
El Presidente Funes, para reforzar el patrullaje en las calles emitió un decreto para que la fuerza armada coadyuvara por seis meses con la PNC; a casi tres meses, no se han visto grandes resultados, porque se está cayendo dentro del mismo ciclo de la delincuencia, es decir, un delincuente que está libre, cuando es apresado y enviado a la cárcel, nada más cambia de escenario, porque en la cárcel tiene igual o mayor facilidad para seguir delinquiendo; con la agravante que dentro de las cárceles están quienes dan las ordenes, lo que quiere decir que ahí están los jefes. No se trata de establecer una medida extrema que afecte también a los ciudadanos honrados, se debe antes establecer un “estado de sitio” en todas las cárceles del país o por lo menos en las que se ha identificado que operan redes de delincuentes, donde están recluidos miembros de una u otra pandilla, esto debería de consistir en:
1 Eliminar la visita íntima a los reclusos;
2 No permitir visita familiar;
3 No permitir salida de internos a hospitales, implementando servicios médicos móviles para darles atención;
4 Colocar inhibidores de frecuencia para evitar el uso de señales celulares; Etc.
Este estado de sitio en las cárceles debe hacerse por seis meses. Previo a las medidas antes mencionadas se debe realizar una requisa minuciosa y una vez echado a andar el plan, realizarse cada dos meses y si en estas otras requisas siguen apareciendo chips y otros objetos prohibidos se tendrá claro… que si son únicamente los custodios y los que proveen alimentos a los internos los que tienen contacto directo con los presos, investigarlos y procesarlos inmediatamente, pues se sabe que por ingresar un chip a un centro penal los reos pagan hasta $ 300.00 USD.
Si las extorsiones afectaran a la gran empresa, estoy seguro que ya no existieran, como se hizo con el secuestro hace mas de una década, donde hasta se creo un patronato que proveía asesoría y recursos financieros a la Policía Nacional Civil; pero solo afecta a la mediana y pequeña empresa. Estoy seguro que ni SIMAN ni WENDYS Ni POLLO CAMPERO, CURACAO, LA BANCA… pagan “renta”, los afectados directamente son empresarios locales, luchadores y emprendedores que en su mayoría trabajan con créditos y un dato muy importante es que son los que generan el 80% del empleo. La extorsión es un delito que si no se denuncia… no se combate, lamentablemente, existen gremiales como la Cámara de Comercio que están mandando el mensaje a sus agremiados de no confiar en las autoridades respectivas, cuando lo que deberían de hacer es concientizarlos para que denuncien.
Recuerdo que una semana después del 15 de marzo del 2009 salió el Presidente de la Cámara de Comercio Juan José Dabou, en un tono más o menos duro criticando al gobierno, por los altos índices de criminalidad y todos los periodistas le recriminaron en el sentido de porqué lo hacia hasta que ARENA había perdido las elecciones. Porqué no lo había dicho durante la campaña. El cinismo de estos líderes gremiales llegó al punto que sabiendo que había un fracaso en las políticas de seguridad pública, tanto la ANEP, ASI, CAMARA DE COMERCIO, dijeron públicamente que apoyaban a Rodrigo Ávila y al partido ARENA, porque representaba la mejor plataforma y el mejor candidato. ¿A caso Rodrigo Ávila venía de hacer un papel brillante en la Policía Nacional Civil? ¿A caso las políticas del partido de gobierno en cuanto a seguridad pública habían sido las mejores? Claro que no… y entonces uno se pregunta ¿Qué intereses defienden estos pseudo lideres empresariales y nos damos cuenta que se mueven por intereses personales, ideológicos y hasta partidarios, por lo que la tarea debemos emprenderla nosotros, los ciudadanos… de clase media abajo… a quienes nos está afectado realmente esta problemática.
ERICK ALEXANDER ORELLANA HERNANDEZ
ABOGADO.
DIRECTOR DEL EIDOP (Estudios Estratégicos e Investigaciones de Opinión Publica)
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