En 1986 el ex presidente José Napoleón Duarte al darse cuenta de que ni el ejercito podía vencer a la guerrilla ni la insurgencia podía tomar el control del gobierno por las armas decidió dialogar en la Palma Chalatenango con algunos miembros de la dirigencia como Rubén Zamora, Francisco Jovel, Joaquín Villalobos ,Etc. que representaban a los principales brazos armados que integraban el FMLN; haber dado inicio a ese proceso que culmino con los acuerdos de paz en 1992, fue el detonante para que grupos de ultraderecha opositores reaccionaran utilizando todo el aparato ideológico(Medios de comunicación, iglesia, fundaciones afines Etc.) para tildar esa acción como algo nefasto, que ponía en riesgo la institucionalidad del país y que violaba la misma Constitución de la República; al mismo tiempo decían que el hecho de que Napoleón Duarte buscara el dialogo con la guerrilla era un sinónimo de debilidad y de incapacidad de su gobierno.
Esa guerra civil tenía un punto en común con la guerra Social de las pandillas de hoy en día; a la guerra de un bando y de otro solo iba gente pobre y por tanto solo gente pobre moría; a pesar que la constitución de 1983 establece en el Art. 215 que el servicio militar es obligatorio para todos los Salvadoreños de entre 18 y 30 años de edad.
La principal actividad de los más de 64000 pandilleros en El Salvador, es disputarse el territorio para vender drogas y cobrar “renta” (extorsión) a pequeños y medianos comerciantes. La gran empresa (Pollo Campero, Telemovil, Capri, Adoc, La banca privada Etc.) y una parte de la mediana empresa no les ha afectado de manera directa este fenómeno social, es mas muchas de estas personas son propietarios de compañías de seguridad y se han beneficiado de este fenómeno, pues los vigilantes privados casi llegan a los 100,000, de ahí su indiferencia en solucionar este problema y muestren mayor interés en sacar algún beneficio político del tema.
Ahora bien ¿Qué está de por medio en esta supuesta negociación entre el Gobierno y las pandillas? El cese de la violencia, la vida de muchas personas, beneficios penitenciarios para algunos líderes de pandillas Etc. El bien Jurídico de más alto valor de un ser humano es la VIDA(Art.2 CN), Por lo tanto está claro que cualquier cosa que el Gobierno negocie a cambio con los pandilleros, es inferior, si de por medio esta que se ponga a salvo la vida de muchas personas que posiblemente estaban en la lista negra para ser asesinados por pertenecer a una pandilla rival o por no pagar o por retrasarse en el pago de la denominada “renta”; producto de este pacto(No importe si de por medio estuvo el gobierno, la iglesia o fue un pacto entre las mismas pandillas) los homicidios han descendido en un 80% en las últimas 2 semanas.
Ahora estamos en un escenario similar, en 20 años los gobiernos de ARENA inventaron un plan y otro para exterminar las pandillas: Ley Especial Contra la Delincuencia y el Crimen Organizado (1997 con Calderón Sol),Mano dura (en 2002 con Francisco Flores), súper mano dura( en 2004 con Tony Saca) y dejaron al país en 2009 con 14 homicidios diarios; en casi 3 años Mauricio Funes a sacado el ejercito a las calles y militarizado las jefaturas de seguridad y logro al principio de su gobierno bajar en un 20% el índice de homicidios, pero en los últimos meses se han incrementado y ahora tienen una nueva modalidad, también son blanco de los mismos policías y militares.
El gobierno debe tratar el asunto con mucha delicadeza, y procurar que esto no vaya terminar debilitándolo y empoderando a los pandilleros, pues muchos de ellos ya se acostumbraron a vivir una vida económicamente ostentosa y podrían desconocer el pacto de sus líderes y sustituirlos por otros, por lo que podrían mutarse a otras modalidades de delinquir que en el futuro genere más muerte y dolor a la Familia Salvadoreña. Se deben hacer acciones claves como: Desarmar a los pandilleros, desarticular las clicas y hacer planes de reinserción social que incluya a las iglesias, la empresa privada y a la comunidad internacional para financien y trabajen en programas que reconstruyan el tejido social y productivo del país.
POR: ERICK ALEXANDER ORELLANA HERNANDEZ
ABOGADO Y POLITOLOGO.
